DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República. En ella es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción, entre otros mecanismos por la periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla.

El incipiente debate planteado, muestra ya una polarización, que va camino de formar bandos enfrentados e inconciliables. Los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del “todo o nada”.

2. Una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan a la mayor parte de la población, comenzando por los más pobres, se dirimen en tribunales provinciales. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener los gobernantes es organizar una Justicia de menor cuantía, cercana y de bajo costo, a la que todos puedan tener acceso y que resuelva los litigios con celeridad y sencillez.

Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado, como muestra de manera patente la situación de tantos jubilados que litigan infructuosamente contra un Estado insensible.

3. Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales.

Si hay jueces que no están a la altura de las exigencias éticas y técnicas que sus cargos requieren (y es innegable que existen y son públicamente conocidos, perjudicando con su presencia a una mayoría de jueces probos y dedicados), son los poderes políticos los que deberían hacer alguna autocrítica por haberlos seleccionado o sostenido en los cargos, y en todo caso poner en funcionamiento, caso por caso, los mecanismos de remoción legalmente previstos.

4. Las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos, son inadmisibles, y en caso de ser comprobadas deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso. Sin embargo, del mismo modo que se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, son aún más repudiables las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces por los poderes públicos, de modo abierto o subrepticio. La utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados.

5. La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias. La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria. Los poderes elegidos por voto popular directo (Congreso y Poder Ejecutivo) tienen ya un rol definido por la Constitución en el proceso de selección de jueces. El Consejo de la Magistratura había alcanzado un funcionamiento razonable hasta la última reforma legal que afectó su funcionamiento, precisamente por la mayor ingerencia política en su composición. Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia.

Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que éste cumpla cabalmente sus funciones, convocando o acelerando los concursos a su cargo; y que el Poder Ejecutivo llene las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes estén terminados hace mucho. La subsistencia de demasiados jueces subrogantes, sin estabilidad y que dependen del Poder Ejecutivo para acceder definitivamente a su cargo, es una anomalía que no debe mantenerse.

6. Hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial. Los argentinos hemos visto con escándalo, el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos. Sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública.

7. La anunciada creación de nuevas instancias judiciales (cámaras de Casación), requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia. Una nueva instancia implica una mayor demora en la solución de los juicios, ya demasiado lentos.
Por lo tanto, es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política. Por otra parte, en los tribunales nacionales esa decisión sería cuanto menos de dudosa legalidad hasta tanto no concluya el proceso de traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que corresponda.

8. Todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos. En ese sentido, es justo que también los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen proporcionalmente a sus ingresos. Sin embargo, la modificación que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; y debe estar unida a la garantía de que no se utilizará la persecución fiscal como herramienta de presión sobre los jueces.

9. Los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos transparentes que aseguren el acceso de los más idóneos y capacitados, y no solamente de los vinculados o conocidos. Las vacantes deben ser llenadas por los mejores, no por amiguismo, pero tampoco por el azar de un sorteo.

Lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública (donde los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad), y en el Poder Legislativo.