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La Comisi\u00f3n de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP) expres\u00f3 su visi\u00f3n acerca del debate sobre la reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. <\/p>\n Desde el propio planteo de \u201cde<\/span>mocratizar la justicia\u201d que en reiteradas ocasiones expresaron miembros del gobierno nacional, la CN<\/span>o se cumpla los gobernantes deben estar al servicio de la Ley y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan\u201d.<\/p>\n \u201cLa independencia de los jueces en la Argentina es la \u00fanica garant\u00eda para que eso se cumpla\u201d, indicaron en un comunicado.<\/p>\n Texto completo del comunicado:<\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n 1. El anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a \u201cdemocratizar la Justicia\u201d, invita a una seria y serena reflexi\u00f3n acerca de los cambios que ciertamente necesita la administraci\u00f3n de Justicia en la Argentina, y al mismo tiempo de los necesarios equilibrios que son condici\u00f3n indispensable para la vigencia de la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n La Argentina no ha elegido para s\u00ed misma cualquier forma de democracia: ha elegido la Rep\u00fablica. En ella es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitaci\u00f3n de su acci\u00f3n, entre otros mecanismos por la periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la Rep\u00fablica los gobernantes est\u00e1n al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garant\u00eda para que eso se cumpla.<\/p>\n El incipiente debate planteado, muestra ya una polarizaci\u00f3n, que va camino de formar bandos enfrentados e inconciliables. Los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la b\u00fasqueda del bien com\u00fan, y no del \u201ctodo o nada\u201d.<\/p>\n 2. Una aut\u00e9ntica preocupaci\u00f3n por el servicio de Justicia debe recordar que \u00e9ste es una atribuci\u00f3n y una obligaci\u00f3n ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan a la mayor parte de la poblaci\u00f3n, comenzando por los m\u00e1s pobres, se dirimen en tribunales provinciales. Pensando en los pobres y los m\u00e1s d\u00e9biles, una de las metas que deber\u00edan tener los gobernantes es organizar una Justicia de menor cuant\u00eda, cercana y de bajo costo, a la que todos puedan tener acceso y que resuelva los litigios con celeridad y sencillez.<\/p>\n Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los m\u00e1s necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la c\u00e1rcel, y padecen all\u00ed la ausencia de condiciones m\u00ednimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado, como muestra de manera patente la situaci\u00f3n de tantos jubilados que litigan infructuosamente contra un Estado insensible.<\/p>\n 3. Despu\u00e9s de treinta a\u00f1os de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en \u00e9pocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designaci\u00f3n del Poder Ejecutivo seg\u00fan mecanismos constitucionales.<\/p>\n Si hay jueces que no est\u00e1n a la altura de las exigencias \u00e9ticas y t\u00e9cnicas que sus cargos requieren (y es innegable que existen y son p\u00fablicamente conocidos, perjudicando con su presencia a una mayor\u00eda de jueces probos y dedicados), son los poderes pol\u00edticos los que deber\u00edan hacer alguna autocr\u00edtica por haberlos seleccionado o sostenido en los cargos, y en todo caso poner en funcionamiento, caso por caso, los mecanismos de remoci\u00f3n legalmente previstos.<\/p>\n 4. Las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes econ\u00f3micos, son inadmisibles, y en caso de ser comprobadas deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso. Sin embargo, del mismo modo que se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es m\u00e1s grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, son a\u00fan m\u00e1s repudiables las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces por los poderes p\u00fablicos, de modo abierto o subrepticio. La utilizaci\u00f3n del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente sim\u00e9tricas ejercidas por privados.<\/p>\n 5. La elecci\u00f3n popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece re\u00f1ido con la norma constitucional, y que en todo caso convertir\u00e1 a un \u00f3rgano que debe ser t\u00e9cnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias. La politizaci\u00f3n de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibici\u00f3n vigente de afiliaci\u00f3n partidaria. Los poderes elegidos por voto popular directo (Congreso y Poder Ejecutivo) tienen ya un rol definido por la Constituci\u00f3n en el proceso de selecci\u00f3n de jueces. El Consejo de la Magistratura hab\u00eda alcanzado un funcionamiento razonable hasta la \u00faltima reforma legal que afect\u00f3 su funcionamiento, precisamente por la mayor ingerencia pol\u00edtica en su composici\u00f3n. Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constituci\u00f3n manda en la materia.<\/p>\n Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que \u00e9ste cumpla cabalmente sus funciones, convocando o acelerando los concursos a su cargo; y que el Poder Ejecutivo llene las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes est\u00e9n terminados hace mucho. La subsistencia de demasiados jueces subrogantes, sin estabilidad y que dependen del Poder Ejecutivo para acceder definitivamente a su cargo, es una anomal\u00eda que no debe mantenerse.<\/p>\n 6. Hay que saludar con benepl\u00e1cito la idea de una mayor transparencia judicial. Los argentinos hemos visto con esc\u00e1ndalo, el espect\u00e1culo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos. Ser\u00eda deseable que esa pol\u00edtica se extienda a todos los poderes y \u00f3rganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupci\u00f3n y de vigencia de la \u00e9tica p\u00fablica.<\/p>\n 7. La anunciada creaci\u00f3n de nuevas instancias judiciales (c\u00e1maras de Casaci\u00f3n), requiere una serena discusi\u00f3n te\u00f3rica acerca de su conveniencia. Una nueva instancia implica una mayor demora en la soluci\u00f3n de los juicios, ya demasiado lentos. 8. Todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos. En ese sentido, es justo que tambi\u00e9n los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen proporcionalmente a sus ingresos. Sin embargo, la modificaci\u00f3n que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violaci\u00f3n de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; y debe estar unida a la garant\u00eda de que no se utilizar\u00e1 la persecuci\u00f3n fiscal como herramienta de presi\u00f3n sobre los jueces.<\/p>\n 9. Los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos transparentes que aseguren el acceso de los m\u00e1s id\u00f3neos y capacitados, y no solamente de los vinculados o conocidos. Las vacantes deben ser llenadas por los mejores, no por amiguismo, pero tampoco por el azar de un sorteo.<\/p>\n Lo mismo cabe esperar del acceso a la administraci\u00f3n p\u00fablica (donde los mecanismos de selecci\u00f3n est\u00e1n completamente desvirtuados por la multiplicaci\u00f3n de contratados en funci\u00f3n de su ideolog\u00eda o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad), y en el Poder Legislativo.<\/p>\n 10. La prohibici\u00f3n de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado ser\u00eda la reedici\u00f3n de medidas ya tomadas en los a\u00f1os \u201990, para impedir o limitar el ejercicio de los derechos. Los eventuales abusos de esos institutos, no pueden ser excusa para privar a los ciudadanos de las herramientas que muchas veces son su \u00faltima esperanza frente a la arbitrariedad o el abuso del poder, especialmente en un momento en que el Estado abarca cada vez m\u00e1s \u00e1reas de la vida econ\u00f3mica y social. En la crisis del a\u00f1o 2002 fue la vigencia de las medidas cautelares y la prudencia y valent\u00eda de los jueces en su utilizaci\u00f3n, lo que permiti\u00f3 a miles de ciudadanos preservar sus patrimonios.<\/em>+<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" <\/p>\n Desde el propio planteo de \u201cde<\/span>mocratizar la justicia\u201d que en reiteradas ocasiones expresaron miembros del gobierno nacional, la CN<\/span>o se cumpla los gobernantes deben estar al servicio de la Ley y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan\u201d.<\/p>\n \u201cLa independencia de los jueces en la Argentina es la \u00fanica garant\u00eda para que eso se cumpla\u201d, indicaron en un comunicado.<\/p>\n Texto completo del comunicado:<\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latest-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=783"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/783\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obispadorqta.org.ar\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Por lo tanto, es l\u00edcito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces \u00edntegramente designados a gusto de las actuales mayor\u00edas, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad pol\u00edtica. Por otra parte, en los tribunales nacionales esa decisi\u00f3n ser\u00eda cuanto menos de dudosa legalidad hasta tanto no concluya el proceso de traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, en lo que corresponda.<\/p>\nLa Comisi\u00f3n de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP) expres\u00f3 su visi\u00f3n acerca del debate sobre la reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. <\/p>\n